La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a derechos políticos de Gustavo Petro que se vieron afectados como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos, que le fue impuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013.
En la sentencia se le da un plazo prudencial a Colombia para que modifique su ordenamiento jurídico interno.
El Tribunal concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos -así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría-, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así mismo, la Corte determinó que en el proceso disciplinario seguido en contra de Petro se violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa.
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