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Hace instantes, la Corte Constitucional tumbó el decreto 1085 del año 2023, que declaró la emergencia económica, social y ecológica en la Guajira.
El alto tribunal dio un plazo de un año al gobierno para solucionar la crisis humanitaria por escasez de agua en la región.
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La corte, exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria que existe en el departamento de la Guajira.
Con esto, la Justicia, busca que para atender esta crisis que esta viviendo el departamento, no era necesario expedir un decreto, pues desde hace seis años ya se había dicho que debían hacer.
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